
Todo comenzó con las bacterias. Hace décadas, los microbiólogos notaron que ciertos organismos unicelulares guardaban en su ADN fragmentos de virus que las habían atacado en el pasado, como un archivo criminal molecular. Ese sistema de defensa natural, conocido como CRISPR, permaneció como curiosidad científica hasta 2012, cuando las investigadoras Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna demostraron que podía convertirse en una herramienta de edición genética de precisión asombrosa. Combinado con la enzima Cas9, el mecanismo funciona como unas tijeras moleculares capaces de cortar el ADN en un punto exacto, guiadas por una molécula de ARN diseñada a medida. A partir de ese corte, los científicos pueden eliminar, corregir o insertar secuencias genéticas. La promesa era enorme: curar enfermedades hereditarias desde su raíz. Pero cuando esa misma herramienta se dirige a un embrión humano en sus primeras horas de vida, el panorama cambia radicalmente, porque cualquier modificación en la línea germinal se transmitirá a todas las generaciones futuras.
El punto de quiebre llegó en noviembre de 2018, cuando el biofísico chino He Jiankui anunció al mundo que había editado genéticamente embriones humanos que dieron lugar al nacimiento de dos niñas gemelas, supuestamente resistentes al VIH. La comunidad científica internacional reaccionó con una mezcla de horror y condena. No se trataba solo de que el procedimiento fuera técnicamente prematuro —con riesgos de ediciones fuera de blanco que podrían provocar mutaciones imprevistas—, sino de que cruzaba una frontera ética que la mayoría de los países ni siquiera había terminado de trazar en sus legislaciones. He Jiankui terminó en prisión, pero la pregunta que dejó flotando sigue sin respuesta definitiva: ¿bajo qué circunstancias, si alguna, sería aceptable modificar el genoma de un ser humano antes de nacer?
En Latinoamérica, esa pregunta resuena con matices propios. La región no registra hasta ahora intentos de edición genética en embriones humanos, pero el debate ya está sobre la mesa. En Colombia, la investigadora AM González Angulo publicó en 2021 un análisis detallado a través de SciELO Colombia en el que examina las limitaciones técnicas y éticas de aplicar CRISPR-Cas9 en la línea germinal, y propone la creación de comités multidisciplinarios de vigilancia que incluyan no solo a científicos, sino también a bioeticistas, juristas y representantes de la sociedad civil. Su trabajo señala que el país carece de regulación específica para esta tecnología y que instituciones como el Invima necesitarían desarrollar guías claras antes de que cualquier investigación clínica avance. Más recientemente, en 2025, JAM Angarita, desde la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas (UDCA), también en Colombia, ha mapeado los desafíos y avances de CRISPR-Cas9 en el contexto regional.
En México, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) trabaja en la actualización de la normatividad sobre el genoma humano para incorporar las realidades que plantea la edición genética, aunque tampoco se reportan aplicaciones clínicas en embriones. Chile, por su parte, ha tomado un camino más cauteloso: la Biblioteca del Congreso Nacional elaboró un informe comparativo que evalúa marcos regulatorios restrictivos de otros países como referencia para proteger el genoma humano en territorio chileno. Este mosaico regulatorio refleja una realidad preocupante: el bajo costo de la tecnología CRISPR facilita que laboratorios con recursos modestos puedan experimentar con ella, pero la ausencia de marcos legales robustos abre la puerta a investigaciones sin supervisión adecuada.
El dilema de fondo no es solo técnico. Detrás de la edición de embriones humanos se esconde el fantasma de los "bebés de diseño", la posibilidad de que esta herramienta deje de usarse para eliminar enfermedades devastadoras y comience a emplearse para seleccionar rasgos como la estatura, el color de ojos o la capacidad cognitiva. En una región marcada por profundas desigualdades, el acceso diferenciado a estas tecnologías podría crear una nueva forma de brecha social, genética esta vez. Mientras tanto, avances globales como la edición de bases, una versión más refinada de CRISPR que modifica letras individuales del ADN sin cortar la doble cadena, prometen mayor precisión, pero no resuelven el dilema fundamental. Latinoamérica tiene ante sí una ventana estrecha para construir consensos antes de que la tecnología, como suele ocurrir, se adelante a las leyes y a las conversaciones que todavía debemos tener como sociedad.